Presupuesto de la JEP: fuerte choque con De la Espriella por propuesta de trasladar $100.000 millones
El presupuesto de la JEP abrió un nuevo enfrentamiento entre el presidente Abelardo de la Espriella y el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. La controversia incluye una propuesta para trasladar $100.000 millones del tribunal al Consejo Superior de la Judicatura.
De la Espriella defendió la discusión sobre los recursos públicos y negó que su Gobierno busque tomar represalias contra la jurisdicción. Ramelli, por su parte, advirtió sobre riesgos para su funcionamiento y llevó sus preocupaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El debate se desarrolla durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Por ello, resulta importante distinguir entre los recursos solicitados, la asignación incluida en el proyecto y las modificaciones propuestas en el Congreso.
¿Qué cambiaría en el presupuesto de la JEP con el traslado?
El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, presentó proposiciones para transferir recursos de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa recibió el respaldo del presidente De la Espriella.
Según El Colombiano, el traslado planteado asciende a $100.000 millones. Su aprobación reduciría la cantidad contemplada para la jurisdicción en el proyecto presupuestal.
La propuesta forma parte de la discusión legislativa. Los reportes consultados no la presentan como una transferencia de dinero ya ejecutada.
Las cifras del presupuesto de la JEP para 2027
De acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario y recogidas por Infobae, la JEP solicitó $947.642 millones para 2027. El proyecto contempla $821.803 millones.
La diferencia es de $125.839 millones frente a lo solicitado. Ese desfase debe distinguirse del traslado adicional de $100.000 millones que se propone hacia la justicia ordinaria.
Si esa modificación se aprobara sobre la asignación mencionada, el presupuesto quedaría en $721.803 millones. Se trata de un escenario condicionado a la decisión legislativa, no de una cifra definitiva.
La comparación también exige precisar la referencia: recibir menos de lo solicitado no significa, por sí solo, recibir menos que el año anterior. La solicitud institucional y la asignación anual son valores distintos.
Presupuesto de la JEP: De la Espriella defiende el ajuste
El presidente sostuvo que las asignaciones deben responder a la disponibilidad de recursos y a las prioridades generales del Estado. Rechazó que la discusión presupuestal equivalga automáticamente a una amenaza contra los jueces.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó, según el pronunciamiento recogido por Cambio.
De la Espriella también cuestionó la relación entre los recursos recibidos por la jurisdicción, su estructura administrativa y sus resultados. Esas afirmaciones corresponden a la valoración del mandatario sobre la gestión del tribunal.
Su argumento central es que la independencia judicial puede coexistir con controles sobre la planeación, la ejecución presupuestal y la rendición de cuentas.
El jefe de Estado defendió, además, la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria. Mencionó la congestión de los despachos y las limitaciones de infraestructura y tecnología como razones para priorizar recursos.
Foto de archivo: Milton Díaz / El Tiempo.
¿Por qué la JEP acudió a la Fiscalía de la CPI?
Ramelli envió una comunicación fechada el 18 de septiembre en la que expresó preocupación por iniciativas presupuestales y legislativas. Según su posición, estas podrían comprometer la autonomía y las condiciones de funcionamiento de la jurisdicción.
La Silla Vacía informó que el magistrado advirtió sobre posibles consecuencias para la seguridad de las personas vinculadas a los procesos.
La carta también se refiere a una propuesta de reforma constitucional para someter sentencias de la JEP contra militares a revisión automática de la Justicia Penal Militar.
Para Ramelli, ambas iniciativas plantean riesgos para el cumplimiento de los compromisos relacionados con el Acuerdo de Paz. Esa advertencia expresa la postura del presidente del tribunal.
El envío de la comunicación no debe confundirse con una decisión de la CPI. Las fuentes consultadas describen la alerta remitida por Ramelli, sin informar de un pronunciamiento del tribunal internacional que resuelva esta controversia.
¿Qué queda pendiente en el debate?
La distribución final del presupuesto de la JEP para 2027 sigue vinculada al trámite en el Congreso, según la información publicada por Cambio.
El desacuerdo enfrenta dos argumentos: el Gobierno defiende la redistribución del gasto y la exigencia de resultados; la JEP pide garantías financieras para cumplir sus funciones.
El punto por resolver es cuánto recibirá finalmente la jurisdicción y si prosperará la propuesta de traslado. Mientras avanza esa discusión, las advertencias sobre sus efectos deben distinguirse de las decisiones efectivamente aprobadas.
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